Proceso
Revista Proceso
Adital
Por Arturo Rodríguez García
4 de mayo de 2013
Mineros en Coahuila. Foto: Eduardo Miranda
Tradução:ADITAL
O ouro e a prata significam riqueza…; porém, somente para uns quantos empresários mineiros, não para o México, nem muito menos para as comunidades de indígenas e camponeses, que são despojados impunemente. Desde 1993, a lei permite que isso aconteça. Essa lei privilegia a extração de minerais à custa de envenenar a terra, que poderia ser utilizada para a agricultura e para a pecuária. A voracidade das companhias dedicadas à mineração –que não pagam regalias e apenas umas migalhas de impostos- põe em risco a autossuficiência alimentar e eleva a tensão social ao limite.
A política mineira assumida há duas décadas pelo Estado mexicano ameaça provocar uma confrontação social, um grave problema alimentar e, por suas proporções, tornar-se um assunto de segurança nacional.
Para dar continuidade a essa política, as mudanças feitas à Lei Mineira na Câmara dos Deputados, no passado 25 de abril -o tema não estava na agenda; mas, na última hora, a bancada do PRI o inseriu- ainda deve passar pelo Senado e, para variar, os povos indígenas e nem o setor agrário foram levados em consideração. Portanto, são inconstitucionais pois violam tratados internacionais, contradizem o Pacto por México e desdenham uma iniciativa que estava sendo integrada no Conselho Reitor desse Pacto.
Essas são as conclusões do titular da Comissão para o Diálogo com os Povos Indígenas da Secretaria de Governação, Jaime Martínez Veloz, que, nos últimos meses, pode constatar os estragos resultantes das operações mineiras em todo o país: Despojo e desalojo de comunidades camponesas e indígenas; empobrecimento das populações, onde a produção mineral é frutífera; e destruição, em muitos casos, irremediável, do ambiente.
Todo ello, agrega, ha sido facilitado por leyes laxas, actores políticos con intereses en el sector y un saqueo indiscriminado de recursos minerales por parte de empresas que pagan muy pocos impuestos y no dejan regalías.
Según el funcionario el riesgo de confrontación social es grave y en diferentes zonas del país ya se observan los reclamos de indígenas y campesinos afectados, mientras los consorcios mineros aumentan sus ganancias sin dar nada a cambio.
De acuerdo con el informe de 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, las multinacionales mineras tuvieron ingresos por 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron 6 mil 500 millones de pesos en impuestos; esto es, poco más de 1% de sus ganancias.
Según cifras de Martínez Veloz, durante todo el periodo colonial se extrajeron en la Nueva España 190 toneladas de oro y 150 de plata; de 2000 a 2010 en México se extrajeron 420 toneladas de oro y 35 mil de plata.
El funcionario sostiene que México es el único país donde las mineras no pagan regalías y, en el caso de las extranjeras –que han proliferado en la última década–, ni siquiera pagan IVA porque facturan en sus países de origen.
"La cuestión es que si la minería produce empleos, propicia el desarrollo y tiene altos ingresos, ¿por qué las comunidades indígenas de las zonas mineras son las más pobres? El ejemplo es la Sierra Tarahumara”, plantea.
Señala que con la reforma, que impone 5% de pago por uso de suelo, se aprobó una ley que reduce un fenómeno complejo, con numerosas variables ambientales, sociales, políticas y jurídicas, a un asunto de un monto muy reducido de impuestos.
"Creo que hay muchos elementos para que pueda ser cuestionada en la Corte –opina Martínez Veloz–. Pero aquí la cuestión es: ¿Cuál es la prisa de aprobar una iniciativa a espaldas de los pueblos indígenas de México en un asunto tan delicado que puede generar confrontaciones de carácter social en diferentes partes del país?”
Desde la reforma a la Ley Minera de 1993, la entrega de la riqueza del subsuelo a las empresas deja números alarmantes: De los aproximadamente 200 millones de hectáreas del país, casi la mitad (unos 98 millones de hectáreas) se concesionaron a compañías mineras.
De acuerdo con los datos oficiales ofrecidos por el comisionado y que están en la página electrónica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en 2011 México tuvo una superficie sembrada de 22 millones de hectáreas. Ese es el último año reportado y también el de mayor siembra desde 1981.
Los mismos datos, actualizados a junio de 2012, establecen que la superficie agrícola y ganadera en México es de aproximadamente 106 millones de hectáreas.
En opinión de Martínez Veloz, si se considera que el resto del territorio nacional es no productivo, el contraste de la superficie agrícola con la minera es de alarmar: Quedan 7 millones de hectáreas para la producción alimentaria. De ahí que el comisionado prefiera dimensionar el problema en los siguientes términos: "No se ha concesionado la mitad del país sino casi la totalidad de la superficie productiva de México”.
A partir de 1993, cuando la minería se convirtió en actividad primaria, los números reflejaron un incremento gradual del territorio concesionado.
De 1993 a 2000 la superficie concesionada sumó más de 38 millones de hectáreas. Durante los 12 años de gobiernos panistas se concesionó una superficie superior a 56 millones de hectáreas, de las cuales más de 30 millones fueron repartidas durante el sexenio de Felipe Calderón.
"Los señores Zedillo, Fox y especialmente Calderón tendrían que dar una explicación sobre la forma en que condujeron el sector y el grave daño que hicieron al país”, dice Martínez Veloz.
[Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1905, ya en circulación].
4 de mayo de 2013
Mineros en Coahuila. Foto: Eduardo Miranda
Tradução:ADITAL
O ouro e a prata significam riqueza…; porém, somente para uns quantos empresários mineiros, não para o México, nem muito menos para as comunidades de indígenas e camponeses, que são despojados impunemente. Desde 1993, a lei permite que isso aconteça. Essa lei privilegia a extração de minerais à custa de envenenar a terra, que poderia ser utilizada para a agricultura e para a pecuária. A voracidade das companhias dedicadas à mineração –que não pagam regalias e apenas umas migalhas de impostos- põe em risco a autossuficiência alimentar e eleva a tensão social ao limite.
A política mineira assumida há duas décadas pelo Estado mexicano ameaça provocar uma confrontação social, um grave problema alimentar e, por suas proporções, tornar-se um assunto de segurança nacional.
Para dar continuidade a essa política, as mudanças feitas à Lei Mineira na Câmara dos Deputados, no passado 25 de abril -o tema não estava na agenda; mas, na última hora, a bancada do PRI o inseriu- ainda deve passar pelo Senado e, para variar, os povos indígenas e nem o setor agrário foram levados em consideração. Portanto, são inconstitucionais pois violam tratados internacionais, contradizem o Pacto por México e desdenham uma iniciativa que estava sendo integrada no Conselho Reitor desse Pacto.
Essas são as conclusões do titular da Comissão para o Diálogo com os Povos Indígenas da Secretaria de Governação, Jaime Martínez Veloz, que, nos últimos meses, pode constatar os estragos resultantes das operações mineiras em todo o país: Despojo e desalojo de comunidades camponesas e indígenas; empobrecimento das populações, onde a produção mineral é frutífera; e destruição, em muitos casos, irremediável, do ambiente.
Todo ello, agrega, ha sido facilitado por leyes laxas, actores políticos con intereses en el sector y un saqueo indiscriminado de recursos minerales por parte de empresas que pagan muy pocos impuestos y no dejan regalías.
Según el funcionario el riesgo de confrontación social es grave y en diferentes zonas del país ya se observan los reclamos de indígenas y campesinos afectados, mientras los consorcios mineros aumentan sus ganancias sin dar nada a cambio.
De acuerdo con el informe de 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, las multinacionales mineras tuvieron ingresos por 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron 6 mil 500 millones de pesos en impuestos; esto es, poco más de 1% de sus ganancias.
Según cifras de Martínez Veloz, durante todo el periodo colonial se extrajeron en la Nueva España 190 toneladas de oro y 150 de plata; de 2000 a 2010 en México se extrajeron 420 toneladas de oro y 35 mil de plata.
El funcionario sostiene que México es el único país donde las mineras no pagan regalías y, en el caso de las extranjeras –que han proliferado en la última década–, ni siquiera pagan IVA porque facturan en sus países de origen.
"La cuestión es que si la minería produce empleos, propicia el desarrollo y tiene altos ingresos, ¿por qué las comunidades indígenas de las zonas mineras son las más pobres? El ejemplo es la Sierra Tarahumara”, plantea.
Señala que con la reforma, que impone 5% de pago por uso de suelo, se aprobó una ley que reduce un fenómeno complejo, con numerosas variables ambientales, sociales, políticas y jurídicas, a un asunto de un monto muy reducido de impuestos.
"Creo que hay muchos elementos para que pueda ser cuestionada en la Corte –opina Martínez Veloz–. Pero aquí la cuestión es: ¿Cuál es la prisa de aprobar una iniciativa a espaldas de los pueblos indígenas de México en un asunto tan delicado que puede generar confrontaciones de carácter social en diferentes partes del país?”
Desde la reforma a la Ley Minera de 1993, la entrega de la riqueza del subsuelo a las empresas deja números alarmantes: De los aproximadamente 200 millones de hectáreas del país, casi la mitad (unos 98 millones de hectáreas) se concesionaron a compañías mineras.
De acuerdo con los datos oficiales ofrecidos por el comisionado y que están en la página electrónica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en 2011 México tuvo una superficie sembrada de 22 millones de hectáreas. Ese es el último año reportado y también el de mayor siembra desde 1981.
Los mismos datos, actualizados a junio de 2012, establecen que la superficie agrícola y ganadera en México es de aproximadamente 106 millones de hectáreas.
En opinión de Martínez Veloz, si se considera que el resto del territorio nacional es no productivo, el contraste de la superficie agrícola con la minera es de alarmar: Quedan 7 millones de hectáreas para la producción alimentaria. De ahí que el comisionado prefiera dimensionar el problema en los siguientes términos: "No se ha concesionado la mitad del país sino casi la totalidad de la superficie productiva de México”.
A partir de 1993, cuando la minería se convirtió en actividad primaria, los números reflejaron un incremento gradual del territorio concesionado.
De 1993 a 2000 la superficie concesionada sumó más de 38 millones de hectáreas. Durante los 12 años de gobiernos panistas se concesionó una superficie superior a 56 millones de hectáreas, de las cuales más de 30 millones fueron repartidas durante el sexenio de Felipe Calderón.
"Los señores Zedillo, Fox y especialmente Calderón tendrían que dar una explicación sobre la forma en que condujeron el sector y el grave daño que hicieron al país”, dice Martínez Veloz.
[Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1905, ya en circulación].
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